En España, se han ido abordando las necesidades de determinadas víctimas de delitos gracias a la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Sin embargo, no contábamos con un catálogo generalizado de derechos y garantías para todas las víctimas del delito incluidas las víctimas indirectas,  hasta la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que declara en su preámbulo como una de sus finalidades, la de ofrecer a las víctimas del delito una respuesta “no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”.

La referida Ley, transpone a la legislación española la Decisión Marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 15 de marzo, relativa al Estatuto de la Víctima y sustituida por la  Directiva 2011/99/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, sobre la Orden Europea de Protección  y, por último, la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, por la que se establecen Normas Mínimas sobre los Derechos, el Apoyo y la Protección de las Víctimas de Delitos, pero además responde a una demanda de la sociedad española que parte del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la defensa de sus derechos. El Estatuto de la víctima, flexibiliza la aparición de mecanismos de reparación “en los términos que reglamentariamente se determinen”. No cabe duda, de que nos encontramos ante un largo camino, pero se ha dado un gran paso y se ha recordado a voces, que las víctimas deben ser reparadas, encontrándonos en un gran momento para reclamar y obligar a que de una forma u otra se regulen todos los mecanismos para que la Ley se cumpla.

 

La reparación a las víctimas de un delito
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